Comentario

El responsable de la gestión hacendística, el mallorquín Miguel Cayetano Soler, fue el encargado de encontrar el medio de amortizar los vales reales, ya que la crisis fiscal había empeorado desde febrero de 1798. El 26 de ese mismo mes quedó establecida una Caja de Amortización con el fin de hacer frente a los préstamos que vencían y poder pagar los intereses de los vales, cuyo valor se había ido depreciando al mismo ritmo que las sucesivas emisiones habían inundado el mercado de papel. En esa Caja de Amortización se ingresarían todas las rentas destinadas a amortizar el capital de la deuda y al pago de los intereses. Era caja de depósito y, al mismo tiempo, oficina donde se contabilizaba la deuda y se administraban las rentas ingresadas, pudiéndose subrogar vales por otros de emisión más reciente.
Sin embargo, las decisiones de mayor trascendencia y alcance tuvieron lugar en septiembre de 1798, cuando Soler dictó varias medidas. En primer lugar, concedió facultad a los poseedores de mayorazgos para enajenar bienes vinculados mediante subasta pública, siempre que impusieran en la Real Hacienda el producto de sus ventas, lo que afectaba a la institución del mayorazgo. No había en el ministro Soler una política abolicionista, pero por vez primera se otorgaba a los poseedores de mayorazgos la posibilidad de enajenar, ya que con anterioridad sólo se concedían licencias individualizadas. En segundo lugar, ordenó la venta del patrimonio de los Colegios Mayores, compensando a estas instituciones con el 3 por ciento del valor en venta de dicho patrimonio, que abonaría la Caja de Amortización. En tercer lugar, dio instrucciones para que lo que quedase por adjudicar o vender de las temporalidades de los jesuitas expulsados en 1767 pasase a la Real Hacienda. Y, por último, llevó a la práctica un proyecto, ya estudiado en otras ocasiones pero nunca puesto en marcha, consistente en desamortizar bienes raíces pertenecientes a instituciones benéficas dependientes de la Iglesia, como Hospitales, Casas de Misericordia, Casas de Expósitos, Obras Pías, Cofradías etcétera, e imponer el producto de sus ventas al rédito del 3 por ciento en la ya mencionada Caja de Amortización. Las cuatro medidas tenían un elemento común: la apropiación por el Estado de bienes vinculados, su posterior venta y la asignación del importe a la amortización de la deuda pública.

La denominada, sin demasiado fundamento, "desamortización de Godoy", tuvo una importancia considerable y su incidencia en el incremento de la conflictividad social no debe ser desdeñada, ya que la red benéfica de la Iglesia quedó prácticamente desmantelada, pues en diez años se liquidó una sexta parte de la propiedad rural y urbana que administraba la Iglesia. Richard Herr ha localizado entre 1798 y 1808 un total de 78.428 escrituras notariales que dan testimonio de la deuda que contraía la Corona con el antiguo dueño de la propiedad vendida, o lo que es lo mismo, cerca de 80.000 operaciones en las que después de tasar la propiedad expropiada, subastarla públicamente previa tasación y liquidar su compra, se remitía el dinero a la Caja de Amortización, que debía pasar una renta a ese anterior propietario que el Estado pronto dejó de abonar.

Según los cálculos de Herr, las imposiciones alcanzaron una cantidad próxima a los 1.500 millones de reales, lo que da una dimensión, ciertamente considerable, al proceso desamortizador durante el período comprendido entre 1798 y 1808.